“Mi casa no es mi cárcel” es el lema con el que COCEMFE, Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, y sus entidades,  han dado a conocer la campaña “#Arrestópolis”, en referencia a aquellos edificios donde la falta de accesibilidad obliga a las personas con discapacidad a permanecer encerradas en su propia casa en contra de su voluntad.

Bajo el lema “Arrestópolis” esta campaña a nivel nacional pretende concienciar de la falta de accesibilidad de los edificios de viviendas.

El presidente de COCEMFE ha destacado que “en España menos de un 1% de los edificios son plenamente accesibles y 6 de cada 10 no permiten el acceso de la calle al portal”.

En Mi Administradora nos unimos a esta reivindicación. La situación de las personas “atrapadas en su domicilio”, vulnera, nada más y nada menos, que el Derecho fundamental de libertad recogido en nuestra Constitución de 1978:

Artículo 17; Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley.

Las personas con discapacidad se encuentran “presas en su casa”. Con el agravante añadido de que no han cometido ningún delito. Son simplemente víctimas que además de tener que vivir con sus limitaciones físicas se encuentran con las barreras arquitectónicas que le impiden llevar una vida con normalidad; Salir, entrar, ir al cine, ir de compras, … simplemente vivir.

¿Cual es la solución? 

Primero veamos qué dice la Ley de Propiedad Horizontal;  Si una persona con discapacidad o mayor de 70 años lo solicita la Comunidad de Propietarios está obligada a acometer las obras necesarias para garantizar la accesibilidad universal.

Conforme establece el Artículo 10, LPH:

1. Tendrán carácter obligatorio y no requerirán de acuerdo previo de la Junta de propietarios, impliquen o no modificación del título constitutivo o de los estatutos, y vengan impuestas por las Administraciones Públicas o solicitadas a instancia de los propietarios, las siguientes actuaciones:

b) Las obras y actuaciones que resulten necesarias para garantizar los ajustes razonables en materia de accesibilidad universal y, en todo caso, las requeridas a instancia de los propietarios en cuya vivienda o local vivan, trabajen o presten servicios voluntarios, personas con discapacidad, o mayores de setenta años, con el objeto de asegurarles un uso adecuado a sus necesidades de los elementos comunes, así como la instalación de rampas, ascensores u otros dispositivos mecánicos y electrónicos que favorezcan la orientación o su comunicación con el exterior, siempre que el importe repercutido anualmente de las mismas, una vez descontadas las subvenciones o ayudas públicas, no exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes. No eliminará el carácter obligatorio de estas obras el hecho de que el resto de su coste, más allá de las citadas mensualidades, sea asumido por quienes las hayan requerido.

Vemos que el propio artículo limita el importe de dicha actuación a que no exceda anualmente de 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes, una vez descontadas subvenciones. Lo que, en el caso de instalación de ascensores, hace, la mayoría de las veces, inviable esta obligación.

¿Qué ocurre si no se pueden acometer las obras por falta de recursos de económicos?

En muchas ocasiones, no se trata de falta de solidaridad por parte de los propietarios, sino simplemente de una falta de recursos económicos para acometer las obras necesarias para garantizar la accesibilidad universal de los edificios.

En estos casos, entendemos que las Administraciones Públicas deben garantizar que se lleven a cabo las reformas necesarias, y que éstas no queden sólo sometidas a la capacidad económica de los propietarios,  subvencionando estas obras de accesibilidad para que nadie se encuentre encerrado en su vivienda.

En conclusión, a nuestro parecer, la solución pasa por dos cuestiones; la primera, la toma de conciencia de toda la sociedad para que ninguna persona quede privada de llevar una vida con total autonomía y libertad motivada por las barreras arquitectónicas de su vivienda, y la segunda, que esa toma de conciencia vaya acompañada de coberturas reales por parte de las Administraciones  Públicas para que sean efectivas.

En Mi Administradora, Administración de Fincas en Córdoba,  queremos seguir dando respuesta a las cuestiones que nos plantean los propietarios y contribuir a que puedan adoptar la solución más adecuada.

Mi Administradora te hace la vida más fácil, https://miadministradora.es/ 

Susana Guerrero Nieto- Graduada en Derecho

Administradora de Fincas Colegiada- CAF Córdoba núm. 488

https://goo.gl/4amesn
logo