Las Comunidades de propietarios, aunque carecen de personalidad jurídica y, por lo general, no realizan actividades profesionales ni empresariales, sí tienen la condición de obligados tributarios.

Conforme se establece en el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria: “Tendrán la consideración de obligados tributarios, en las leyes en que así se establezca, las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptibles de imposición”.

Las Comunidades de propietarios como obligados tributarios, conforme dispone el artículo 29 de la Ley General Tributaria,  han de cumplir con las obligaciones tributarias formales, tales como presentar declaraciones censales, solicitar y utilizar el número de identificación fiscal, en sus relaciones de naturaleza o trascendencia tributaria, o presentar declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones.

En el mes de enero de cada año cobra una especial relevancia esta obligación, ya que hay que tener en cuenta, además de las liquidaciones del último trimestre del ejercicio anterior, los plazos para presentar los resúmenes anuales, que, conforme se establece en el calendario del contribuyente para 2018 las Comunidades de propietarios pueden estar obligadas a presentar, entre otros

Hasta el 22 de enero; Cuarto trimestre 2017: Retenciones IRPF y Arrendamientos, modelos 111- 115

Hasta el 31 de enero; Resumen anual 2017: Retenciones IRPF, Arrendamientos, y Régimen de atribución de rentas, modelos 190-180-184

Hasta el 28 de febrero; Declaración anual de operaciones con terceros, modelo 347. 

Este será el último año que se presente el modelo 347 en febrero, ya que se empezará a presentar en Enero del 2019 sobre las declaración anual de operaciones del año 2.018.

Hay que recordar la importancia de presentar correctamente, y en plazo, las declaraciones y liquidaciones a que las Comunidades de propietarios vienen obligadas, dado que cualquier error u omisión podría suponer para el presentador molestias innecesarias, que pudieran derivar incluso en la apertura de un procedimiento sancionador por parte de la Agencia Tributaria.

Recordar, también, que desde el pasado 02 de octubre de 2016, a raíz de la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicaslas Comunidades de Propietarios están obligadas a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas. 

Por lo que aquellas Comunidades de propietarios que aún carezcan del correspondiente certificado electrónico habrán de solicitarlo. Pues  pudieran estar obligadas a presentar documentos o solicitudes a la Agencia Tributaria, siendo obligatoria su presentación electrónica, y si fuera presentada a través de Registro en papel se establece la imposición de una sanción consistente en multa pecuniaria fija de 250 euros.

En conclusión, vistas las obligaciones, cada vez más complejas, que afectan a las Comunidades de Propietarios, cada vez se hace más difícil la autogestión por parte de los propietarios, y, por ende, más necesaria la intervención de un Administrador de Fincas Colegiado que actúe con todas las garantías para la tranquilidad de los comuneros.

En Mi Administradora,  Administración de Fincas en Córdoba, trabajamos para que los propietarios se sientan protagonistas de la administración de su comunidad, y, a la vez, queden liberados de la carga que supone el cumplimiento de los derechos y deberes inherentes a la propiedad horizontal, con todas las garantías.

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Susana Guerrero Nieto- Graduada en Derecho

Administradora de Fincas Colegiada- CAF Córdoba núm. 488

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