La ocupación ilegal de viviendas se ve favorecida por la existencia de un parque de viviendas vacías, muchas de ellas propiedad de entidades financieras.
Estas ocupaciones ilegales generan diversos problemas a las comunidades de propietarios, como pueden ser los originados por la manipulación de las instalaciones de agua, electricidad, e incluso de gas, la morosidad por falta de pago de los gastos comunes,  incluidos los generados por los enganches ilegales, y en algunas ocasiones problemas de convivencia por situaciones conflictivas.
La comunidad de propietarios que se ve afectada por una ocupación ilegal se pregunta ¿Qué se puede hacer ante esta situación?
Ante esta situación no tenemos una única solución,
– Procedimiento judicial: existen dos vías
1. Denuncia penal por usurpación del bien inmueble que puede conllevar una multa de tres a seis meses y pena de prisión entre uno y dos años.
2. Demanda civil por precario contra el ocupante ilegal del inmueble donde el propietario reclama la restitución de la posesión.
La decisión de acudir a la vía penal o a la vía civil debe se ser sometida previamente a estudio. Pues puede darse el caso de que la vía penal quede archivada y posteriormente haya que acudir a la vía civil lo que dilataría aún más el proceso judicial.
– Otra alternativa:
Como vía extrajudicial se puede instar a la mediación o incluso ofrecer el arrendamiento de la vivienda a los ocupantes ilegales. Aunque esta última a la hora de la práctica puede resultar inoperante, bien por falta de recursos por parte de los que ocupan ilegalmente la vivienda, bien porque esta solución no sea la deseada por el propietario.
– Lo que no debemos hacer:
Muchos propietarios se plantean actuar por su cuenta ante una situación de ocupación ilegal de la vivienda cortando la luz o cambiando la cerradura.
Esto no es aconsejable, ya que nos puede llevar a una situación complicada pues puede ser considerado delito  y pasar de ser víctima a delincuente.
Con este panorama es lógico el desconcierto que produce al propietario y a la comunidad afectados por una ocupación ilegal. Pues, por un lado, no se pueden tomar medidas coercitivas frente a los “okupas” y, por otro, el procedimiento judicial, en ocasiones, juega a favor del demandado que ha ocupado ilegalmente la vivienda ya que consigue retrasar lo más posible la restitución de la procesión a su legítimo dueño con la dilación del proceso.
Es necesaria una reforma legislativa para combatir el fenómeno de ocupación ilegal de viviendas
Nos remitimos a las palabras de Enrique Vendrell Santiveri -Vicepresidente Primero CGCAFE y Presidente del Colegio de Barcelona y Lérida y del Consell de Catalunya- que ha intervenido  ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados en el trámite legislativo para la aprobación del Proyecto de Ley de modificación LEC 1/2000, por la que se regula un procedimiento específico para garantizar la posesión de viviendas”.
  Ante la actual situación, se ha demostrado que nuestra legislación procesal, ni la penal ni la civil,  dispone de instrumentos rápidos y eficaces para que el titular  despojado a la fuerza sin su consentimiento, pueda recuperar la posesión de su vivienda”
Confiemos en que se alcance una reforma legislativa que de seguridad jurídica a los propietarios ante estas situaciones de hecho, y que las Administraciones Públicas den respuesta a la necesidad habitacional de las personas que se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad y riesgo de exclusión social.
Como Administradores de Fincas Colegiados,  confiamos en que la reforma necesaria de la Ley de Enjuiciamiento Civil dote de mayor protección a los propietarios frente a la ocupación ilegal de las viviendas.  

 

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Susana Guerrero Nieto- Graduada en Derecho

Administradora de Fincas Colegiada- CAF Córdoba núm. 488

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