El 4 de diciembre de 2017 todos los edificios deben ser accesibles.

Conforme a lo dispuesto en Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social se establece que en los edificios construidos antes del 4 de diciembre de 2010 tienen de plazo hasta el 4 de diciembre de 2017,  a partir del cual son exigibles los “ajustes razonables” en materia de accesibilidad.

Accesibilidad universal: en todas las zonas comunes del edificio

Los ajustes a realizar para facilitar la accesibilidad universal en el edificio no afectan sólo al portal y escaleras, sino a todas las zonas comunes, como puede ser la piscina u otras instalaciones, para que puedan ser utilizadas por todas las personas. Siendo obligación de la Comunidad de Propietarios realizar los trabajos y obras necesarias para obtenerla.

¿Qué se entiende por “ajustes razonables”?

“Las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas del ambiente físico, social y actitudinal a las necesidades específicas de las personas con discapacidad que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular de manera eficaz y práctica, para facilitar la accesibilidad y la participación y para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos”.

Se consideran “ajustes razonables” cuando el importe anual de las obras o trabajos a realizar por la Comunidad de Propietarios para la accesibilidad del edificio, descontadas subvenciones o ayudas públicas,  no exceda de 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes.

¿Qué ocurre si los trabajos superan las 12 mensualidades?

Ahí es donde nos encontramos en la mayoría de los supuestos donde la solución para la accesibilidad del edificio pasa por la instalación de un ascensor

En este caso, es necesario que sea aprobado por la Junta de propietarios con el voto favorable de la mayoría de propietarios, que a su vez, representen la mayoría de cuotas de participación.

Una norma difícil de cumplir

A tan sólo dos meses de cumplir el plazo máximo que obliga a las Comunidades de Propietarios a realizar los “ajustes razonables” en materia de accesibilidad, y aún a riesgo de ser sancionadas por incumplimiento de la norma, será muy difícil de cumplir cuando en nuestro país el 70% de los edificios no son accesibles, y tan sólo en Andalucía se estima que unos 20.000 edificios se encuentran e esta situación. Siendo, en la mayoría de los supuestos, una cuestión económica y no una falta de voluntad  de los propietarios el no realizar las obras necesarias para conseguir la accesibilidad universal del edifico.

Vivir en una cárcel sin rejas

Es, sencillamente, una  vulneración de los Derechos Fundamentales   de las personas que se encuentran atrapadas en sus viviendas.

Los Derechos vulnerados se encuentran amparados en nuestra Constitución, pues afectan a la dignidad de las personas, a la privación de se su libertad, y a la discriminación por razón de su discapacidad.

Los hogares de las personas afectadas convertidos en auténticos «pisos cárceles». Y como muestra un botón: sólo en Sevilla hay unas 300 personas mayores que no pueden salir de sus viviendas por que carecen de ascensor.

El 4 de diciembre de 2017 los edificios no serán accesibles

Está claro que con estos datos en la fecha límite fijada, de 4 de diciembre de 2017, para el cumplimento de la accesibilidad universal en edificios residenciales la mayoría seguirán siendo inaccesibles para las personas con discapacidad o movilidad reducida.

¿Cuál es la solución?

Es necesario que todos tomemos conciencia de este grave problema social donde no sólo se acabe por sancionar a las Comunidades de Propietarios incumplidoras, sino que han de implicarse todos los actores, empezando por los Poderes Públicos que han proteger a las personas  que ven vulnerados sus Derechos Fundamentales. Pues de lo contrario esta situación, lejos de solucionarse, se seguirá agravando con una población cada vez más envejecida.

En Mi Administradora, Administración de Fincas en Córdoba, ayudamos a los propietarios para que accedan a las ayudas de las que puedan ser beneficiarias las Comunidades de propietarios, prestando asesoramiento y tramitando el expediente ante la Administración.

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Susana Guerrero Nieto- Graduada en Derecho

Administradora de Fincas Colegiada- CAF Córdoba núm. 488

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