Accesibilidad universal en comunidades de propietarios

En Mi Administradora consideramos de suma importancia tratar la problemática que, no en pocas ocasiones, conlleva la supresión de barreras arquitectónicas en las Comunidades de Propietarios. Pues lejos de estar resuelta la cuestión,  y a pesar de haber cumplido ya 20 años la Ley 15/1995, “sobre límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad”, lo cierto es que al día de hoy nos encontramos que el problema sigue persistiendo en un elevado número de edificios residenciales que no están adaptados para la accesibilidad universal. Lo que supone para las  personas afectadas, no en pocos casos, estar atrapados en su propia vivienda. Con la consiguiente vulneración de Derechos Fundamentales, como la libertad ambulatoria o libertad de movimiento, reconocida en nuestra Constitución y en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Si bien, la legislación sigue avanzando a favor de la accesibilidad, y las viviendas en régimen de propiedad horizontal deben quedar adaptadas antes del 4 de diciembre de 2.017 para que las personas con discapacidad puedan usar los espacios comunes, conforme dispone el RDL 1/2013, sobre Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión Social, todavía queda mucho camino por recorrer. Como dice el informe publicado por CERMI: “demasiadas trabas para eliminar barreras arquitectónicas en edificios”: COMITÉ ESPAÑOL DE REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD . Calculando que el 70% de edificios residenciales en España siguen sin ser accesibles.

¿Qué personas pueden solicitar la adaptación?

Según el nuevo redactado del artículo núm. 10 de la Ley de Propiedad Horizontal, puede solicitar la adaptación de las zonas comunes del edificio el propietario en cuya vivienda o local vivan, trabajen o presten servicios voluntarios, personas con discapacidad, o mayores de 70 años.

¿Quién y cómo se afrontan los gastos para la supresión de barreras arquitectónicas?

Conforme al, ya referido, artículo núm. 10 de la LPH; Tendrán carácter obligatorio y no requerirán de de acuerdo previo de la Junta de Propietarios,…”siempre que el importe repercutido anualmente de las mismas, una vez descontadas las subvenciones y ayudas públicas, no exceda de 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes”.

De tal modo que si el coste de las obras necesarias para garantizar la accesibilidad universal no supera las 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes, los gastos de las obras deben ser abonados por todos los propietarios.

Si se sobrepasan las 12 mensualidades, entonces el acuerdo debe ser aprobado en Junta de propietarios con el voto favorable de la mayoría de propietarios que, a su vez, representen la mayoría de las cuotas de participación.

En el caso de no conseguir ser aprobado por esta mayoría, los propietarios que hayan solicitado las obras  pueden abonar el importe excedido por su cuenta, y, en tal caso, los demás propietarios quedarán obligados a abonar las 12 mensualidades.

¿Qué puede hacer la persona afectada si la Comunidad incumple el acuerdo?

La persona titular del derecho puede exigir su cumplimiento ante la Administración de Justicia, también la Comunidad de Propietarios puede acudir a los Tribunales para reclamar a aquellos propietarios incumplidores de los acuerdos.

En conclusión, en Mi Administradora entendemos que, la accesibilidad universal habría de ser una obligación de las Comunidades de Propietarios que deberían de realizar los trabajos necesarios para obtenerla. Pues su no realización supone una discriminación para las personas afectadas. Aunque tenemos que puntualizar, que en la mayoría de las ocasiones no se trata de falta de voluntad o de insolidaridad por parte de los propietarios “no afectados”, pues aquí el factor económico se convierte en un importante condicionante. Como puede ser, por ejemplo, para el caso de que la accesibilidad universal tenga que resolverse con la instalación de un ascensor. Por ello, se hace necesario apelar a la conciencia de toda la Sociedad, y que por parte de las Administraciones  Públicas se dote de las ayudas necesarias, y efectivas, para que la accesibilidad universal sea una realidad y finalizar con esta discriminación que progresivamente irá afectando a un porcentaje cada vez mayor de una población con una clara tendencia al envejecimiento.

En Mi Administradora queremos seguir dando respuesta a las cuestiones que nos plantean los propietarios y contribuir a que puedan adoptar la solución más adecuada.

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Susana Guerrero Nieto- Graduada en Derecho

Administradora de Fincas Colegiada- CAF Córdoba núm. 488

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